Comienza la última semana del juicio por el ARA San Juan

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.