"El Estado tiene de rehén a un bebé de 9 meses": la dura acusación del abogado de la familia de Thiago

La tragedia por la muerte de Thiago, el niño de dos años por cuyo crimen están detenidos su madre y la pareja de esta, sigue sumando aristas de profunda gravedad. En una reciente entrevista radial en Radio Vos con el periodista Adrián Valenzuela, el doctor Víctor Hugo Sarmiento  representante legal de la abuela paterna arremetió con dureza contra los organismos del Estado, afirmando que el hermanito de la víctima, un lactante de 9 meses, "es un rehén de las equivocaciones que se cometieron en forma previa y que se cobraron la vida de su hermano".

Sarmiento fue categórico al señalar la responsabilidad de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia en el desenlace del caso. Según explicó, la madre de los niños estaba bajo un "resorte del Estado" y existían numerosas denuncias de violencia previas que fueron desoídas. El letrado reveló que en diciembre de 2025, tras una denuncia del abuelo paterno, el juzgado intimó a la mencionada Secretaría para que presentara informes en un plazo de cinco días. Sin embargo, el organismo estatal estatal arrastró una demora de cinco meses para responder, tiempo en el cual los menores continuaron bajo el entorno de riesgo.

Una medida cuestionada por la defensa

El abogado calificó de "ilegal" la decisión de mantener al bebé en el Hogar Cuna en lugar de otorgar su custodia a la familia ampliada de manera inmediata, tal como estipula la Ley 26.061. "La ley es clarita: la última opción que se ve es la institucionalización. La primera opción es buscar a la familia ampliada (una abuela, un tío)", argumentó Sarmiento, destacando que la abuela paterna no posee ningún tipo de denuncia ni antecedente que impida el cuidado del menor.

Asimismo, criticó lo que considera una campaña de "demonización" y presiones hacia la familia por parte de los organismos públicos para evitar que el caso tome mayor visibilidad. "Les ponen un montón de restricciones a la familia para que no hablen de la situación... hay mucho miedo a que se ventile la responsabilidad que hay dentro de los organismos del Estado", afirmó, advirtiendo que en este tipo de procesos se suele amenazar implícitamente a los familiares con informes negativos si deciden protestar públicamente.

Un plazo clave de 30 días

A pesar de las críticas al procedimiento inicial, Sarmiento valoró que el Juzgado de Familia haya fijado un límite temporal concreto de 30 días para que el equipo interdisciplinario realice los peritajes psicológicos y ambientales correspondientes. Este plazo busca agilizar una resolución que inicialmente, según el letrado, el personal de la Secretaría pretendía dilatar por varios meses más.

Mientras avanza la investigación penal por el homicidio de Thiago, el destino de su hermanito de 9 meses entra en una etapa decisiva, bajo la atenta mirada de una comunidad conmovida por las fallas en el sistema de protección infantil.